La Plataforma Antivertedero de Fanzara ha entregado al subdelegado del Gobierno, Juan María Calles, un informe con la totalidad de recursos y alegaciones interpuestos contra la decisión del ayuntamiento de autorizar la implantación de un vertedero de residuos peligrosos, y ha pedido la intervención de los organismos de la Administración General del Estado con competencias relacionadas con las posibles afecciones del proyecto, es decir, la Confederación Hidrográfica del Júcar y el Seprona de la Guardia Civil.

Los integrantes de la Plataforma han explicado a Calles las acciones que han llevado a cabo hasta ahora contra el proyecto, entre las que figura una recogida de firmas y una marcha convocada para este domingo que contará con servicio de vigilancia de la Guardia Civil de Tráfico. Acusan a las administraciones responsables de la creación del polígono industrial de no escucharles, denuncian un deterioro de la convivencia en Fanzara a causa de este proyecto, y anuncian su disposición a llegar a las últimas instancias para oponerse, incluida la vía judicial.

El origen del proyecto se sitúa en 2001, cuando la redacción del Plan General de Ordenación Urbana incluyó la reclasificación de suelo para permitir la instalación de este tipo de empresas. En la actualidad la ubicación del vertedero cuenta con la aprobación inicial del pleno municipal y está a la espera del visto bueno de la Generalitat para su aprobación definitiva. El proyecto cuenta con Declaración de Impacto Ambiental, y con un informe complementario de la Universitat Jaume I elaborado por el profesor Ignacio Morell.

Los integrantes de la Plataforma están convencidos de que la instalación del vertedero comportará afecciones medioambientales, y no encuentran sentido a la ubicación de una industria de este tipo en un entorno como Fanzara, en el que no existen industrias.

Las alegaciones presentadas hacen referencia al Plan de Ordenación de Recursos del parque natural de la Serra d’Espadà, que entrará en vigor en 2007, y a la posibilidad de que parte de los terrenos municipales incluidos en el PAI industrial sean bienes provenientes de la desaparecida Cámara Local Agraria, con lo que necesariamente ese suelo debe destinarse a usos agrícolas.